Reflexiones en torno a la Iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

por Cívitas-Taller de Gobernanza

Comunicado

Reflexiones en torno a la Iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco que está siendo discutida en el Congreso del Estado de Jalisco

En atención al compromiso cívico que hemos asumido, y dadas las implicaciones y trascendencia que para la calidad de vida de los ciudadanos tienen los asuntos que pretenden ser regulados a través de la nueva Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, hacemos públicas las siguientes reflexiones y propuestas:

Con relación al espíritu expresado en la propia exposición de motivos de la iniciativa, que refiere que se retoman temas relacionados con el desarrollo urbano como argumento para sostener la noción de movilidad como materia de regulación, es preciso advertir que tales contenidos se limitan a referencias generales -y a una mención en el documento- que no tienen contenido preciso en la ley, y que aluden a:

Décimo. Es importante resaltar que las iniciativas que se ponderan, tienen puntos de coincidencia que resalta en temas generales a partir del concepto de movilidad, un cambio respecto de la actual legislación de la materia, no sólo de nombre  en los temas que dicho concepto abarca, sino de rumbo, de estrategias y, desde luego, de herramientas normativas para encarar, con una nueva perspectiva, los ya añejos problemas que el desarrollo ha suscitado y que se vienen acrecentando en la medida en que se han dejado de atender con oportunidad y firmeza los temas que le configuran.  Efectivamente, los temas torales de las iniciativas, en general, tanto en lo urbano como en el resto del Estado, se concentran en cuatro ejes fundamentales:

 

La ordenación territorial y la coordinación para el control del desarrollo del crecimiento de los centros de población y, particularmente, de los Centros Urbanos;

Consideramos que la movilidad es un tema relevante, pero en la iniciativa no queda claro ni qué es, ni por qué es necesario pasar, de una Ley del Servicio Público, a otra que mezcla actividades eminentemente privadas -como caminar y andar en bicicleta- con lo relativo a responsabilidades públicas.

En correspondencia con la estructura y desarrollo de las materias contempladas en la iniciativa, se desprende que lo sustantivo de la ley se centra, fundamentalmente, en la regulación del servicio público de transporte colectivo.

Sobre este tema en particular, a nuestro juicio, existen problemas centrales que no han sido considerados, ni abordados adecuadamente, en la iniciativa que se viene discutiendo en el Congreso del Estado:

  1. La continuidad de la simulación con la posibilidad de seguir otorgando Concesiones a personas físicas mediante el estatus de Personas Jurídica (Art. 99 fracc. II) a quien previamente hubiera sido conductor (Artículo 116. Fracc IV).
  2. La fragmentación actual de las rutas, asociada al otorgamiento de concesiones y subrogaciones bajo esquemas tradicionales, y que la iniciativa no se propone tocar.
  3. La persistencia de esquemas de multas a individuos, en lugar de a Rutas o Empresas.
  4. La incomprensión de las complejidades de un futuro Sistema Tarifario Integrado, centrándose la discusión en una Tarifa para todo el Estado y en una Comisión Corporativizada, en lugar de un espacio especializado.
  5. La iniciativa le concede al Instituto la rectoría de la transformación (incluyendo estudios, diseño, etc.) lo cual nuevamente introduce una visión tecnocrática y discrecional para decidir quién, hacia dónde, etc. -Hay sobradas experiencias que ponen en evidencia los riesgos de este esquema de “transformación”-.
  6. Observamos que las atribuciones de los Municipios en la iniciativa están diluidas y que persisten en hacer difusas y confusas las facultades del artículo 115, fracción V, inciso H. -Persiste  el “centralismo” del Gobierno del Estado en una actividad que requiere de la concurrencia de las autoridades municipales para el aseguramiento de la calidad del servicio de transporte colectivo.-
  7. Finalmente, es un error que en una Ley de Servicios Públicos pretender resolver muchas otros temas que deberían ser motivo de ordenamientos más eficaces: Peatones, bicicletas, etc. -introduce confusión y hace que se pierda de vista el tema central: el transporte público. Invitamos a nuestros amigos promotores de la movilidad no motorizada a reflexionar sobre las nuevas obligaciones de registrar las bicicletas en el Registro Estatal, sacar placa, licencia de conducir, etc. ¿Es esa la pretensión?

Por la trascendencia de estos problemas públicos, hacemos un respetuoso llamado para abrir a la discusión, seria y responsable, sobre la manera en que la iniciativa los plantea y aborda.

Respetuosamente ponemos a la consideración de los señores legisladores y de la opinión pública algunos planteamientos para abonar al tratamiento más adecuado de tales problemas.

  1. Omitir en la Ley la posibilidad de concesiones para el servicio de transporte público a personas físicas. El servicio tiene que ser prestado directamente por la autoridad, a través de Organismos Operadores; o por el régimen de concesión a particulares, pero estos deberán ser personas morales, con capacidad de asumir un compromiso con la calidad.
  2. Establecer mecanismos de regulación para la mejora del servicio, incluyendo la posibilidad de Reversión de las concesiones, por el incumplimiento de las Reglas de Calidad en el Servicio.
  3. Crear un Ente con capacidad de Regular el Servicio y de hacerse llegar la “inteligencia” para una Calificación y Mejora del Servicio. La regulación tendría que ser aplicada a la Red Integrada, que incluye: operadores públicos, concesionarios y Nodos de Integración.
  4. Para el caso de la metrópoli de Guadalajara se prioriza (por la complejidad de la Red Integrada) un ente con capacidad de hacer concurrentes las atribuciones con los Municipios y ser incluyente de la corresponsabilidad ciudadana, en el marco del Acuerdo de Coordinación Metropolitana.
  5. La Movilidad requiere de una Reingeniería de varias normas, para efectivamente vincular desarrollo urbano y transporte. Entre otros el Código Urbano y los Reglamentos de Zonificación. Una “Ley Marco para la Movilidad” como la que fue propuesta en el Congreso podría regular un proceso de reingeniería legislativa.
  6. Una Ley eficaz y eficiente en materia de Transporte Público o de Red Integrada sería mucho mejor y urgente. Una Ley “gatopardista” puede contribuir a que se sigan agravando los problemas de calidad de vida en relación a cómo nos desplazamos los jaliscienses.

No entendemos la urgencia en un tema de tal trascendencia y tampoco resulta explicable la cantidad de errores y omisiones, pero sobretodo, la persistencia de una concepción errónea y rebasada de la importancia de los cambios a la Ley y que permita promover la transformación del Sistema de Transporte en el Estado de Jalisco.

¡¡¡Exhortamos respetuosamente a los actores involucrados en este debate a darnos la oportunidad de lograr un mejor instrumento legislativo, que verdaderamente contribuya a la transformación de los Modelos que tenemos para transportarnos¡¡¡

Contacto para la responsabilidad de la publicación:

correo: civitas.taller@gmail.com;

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